Un relato que comenzó con el embargo de armas que Estados Unidos impuso a la dictadura militar por las violaciones a los derechos humanos, que prosiguió en las fábricas de fusiles de Colonia Dignidad y que desembocó en un casino, donde el cabo Juan Carlos Cruz gastó más de dos mil millones de pesos.
Chile destinó 20 mil millones de dólares a la compra de armas entre los años 2000 y 2015. Con ese dinero se podrían financiar 30 hospitales, mil liceos de excelencia, 300 centros deportivos comunales o 35 mil viviendas para erradicar todos los campamentos del país. Pero no, los recursos de la Ley Reservada del Cobre, que entrega para gastos militares el 10% de las ganancias del mineral, no pueden ser revisados y se mantienen en absoluto secreto. Este oscurantismo es el que permitió el mayor caso de corrupción en la memoria del Ejército y quizá de toda la democracia.
