BENITO SANCHEZ, DEMELSA / GOMEZ LANZ, J.
El sistema de justicia penal, en general, y el Derecho penal, enparticular, han ofrecido tradicionalmente un trato discriminatorio alas personas socialmente más desfavorecidas. Pese a que desde hacedécadas se proclamara en los textos constitucionales la igualdadformal y real de todos los ciudadanos, lo cierto es que en laslegislaciones penales siguen hallándose ciertos vestigios de unproceder discriminatorio respecto de las personas excluidas delsistema. Prueba de ello es que se castigan como delito comportamientos que son en su mayoría realizados por quienes se encuentran en unasituación de exclusión: así, se criminalizan las conductas debagatela, la inmigración irregular o el narcomenudeo, sin tener enconsideración las circunstancias de los autores. Por el contrario,ilícitos que atacan los bienes jurídicos de los más desfavorecidosreciben en ocasiones escaso interés por el legislador, como ocurre con los ataques a los derechos laborales. A la vez, solo en contadasocasiones se tienen en cuenta eximentes basadas en el injusto o en laculpabilidad que podrían mitigar la responsabilidad penal de losexcluidos del sistema. Este trabajo ofrece una serie de propuestas deinterpretación de la ley vigente y propuestas de reforma que permitanavanzar hacia un modelo de justicia penal que favorezca la inclusión.
