La globalización de nuestra sociedad y de la economía ha supuesto laglobalización del crimen, y por lo tanto la lucha contra las redescriminales y otras formas graves de delincuencia requiere y exige delos Estados una respuesta penal común, por lo que es preciso poner enmarcha instrumentos y sistemas que sean realmente eficaces. Así mismo, un fenómeno poliédrico como el crimen organizado impone que se aborde desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, pues losaspectos sustantivos y procesales convergen y se proyectan sobre lasrealidades que se combaten, debiendo ir adecuadamente entrelazados eimbricados, para que produzcan el resultado previsto. En este sentidoy teniendo en cuenta que la criminalidad organizada existe y actúa,esencialmente, por ánimo de lucro, es necesario trabajar incidiendo en el principio de que "el delito no resulte provechoso", y por lo tanto profundizar en las políticas dirigidas a asfixiar económicamente alas organizaciones criminales mediante la expropiación de lasganancias proporcionadas por sus actividades delictivas. Las medidas e instrumentos adoptados hasta la fecha han supuestos grandes avancesen la dirección correcta, pero hay que reconocer, como hace laComisión Europea, que siguen siendo insuficientes e ineficientes. Porlo tanto, hay que trabajar y profundizar en los marcos jurídicosdisponibles y en la conformación de mecanismos y sistemas decooperación, coordinación e intervención en la recuperación y gestiónde activos derivados del delito. Todo ello exige el diseño yadaptación de instrumentos e instituciones penales y procesales, quehan de operar en el ámbito de nuestro proceso penal, respetando losderechos y garantías básicas del mismo. En este marco, son muchos losactores y profesionales implicados en esta labor, y muy numerosas lasactuaciones que se requieren para conseguir un sistema garantista y ala vez eficaz. No obstante, en este objetivo y en este trabajo no sepueden perder de vista las garantías y derechos procesales de losafectados, tanto de sospechosos y acusados, así como de terceros, porlo que los avances, y las medidas que se adopten, no puedendesnaturalizar el proceso penal, ni sacrificar los principios ygarantías básicas que rigen el mismo, en pro de una necesariaeficiencia. Esta obra completa el catálogo de Thomson-ReutersAranzadi.
