Una parte importante de los fenómenos de corrupción, descontrol,desidia administrativa y mal funcionamiento de los servicios públicosque han asolado a este país en los últimos años han podido originarsedebido a las debilidades del control interno. Realidad dual, pues almismo tiempo contamos con servicios públicos que pueden competir enmuchos aspectos con los mejores de nuestro entorno más avanzado. Fuera de la regulación estatal, las entidades locales (y no en menor medida las Comunidades Autónomas) han debido de basar hasta ahora sussistemas de control fundamentalmente en solo 13 artículos encuadradosen diferentes normas, lo que ha permitido sostener a los órganos decontrol ?y por ende a sus fiscalizados- una cosa y su contraria, todoello en detrimento de una visión robusta, consistente, no arbitraria y homogénea del control interno como mecanismo de alerta temprana anteirregularidades de diferente tipo. La Ley 27/2013, de Racionalizacióny Sostenibilidad de la Administración Local, modificó diferentesartículos del TRLHL y particularmente el art. 213, encomendando alMINHAP la elaboración de las normas sobre procedimientos de control,metodología, derechos y deberes del personal controlador ydestinatarios de los informes de control. El Real Decreto por el quese regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local que ahora ha visto la luz, da cumplida cuenta de la obligación contraída por el MINHAP, y, partiendo del homólogo R.D. 2188/1995, resuelve gran parte de las demandas de los profesionalesrigurosos del control.
