Aunque no siempre ha sido así, hoy existe por doquier la arraigadaconvicción de que la producción y el mantenimiento del orden público y de la justicia son competencia exclusiva del Estado. No obstante,aunque la mayoría del estamento académico no cuestiona laargumentación en pro del dominio del Estado en este campo, hay amplios -y crecientes- sectores de la población que sí lo hacen. Se observaun creciente descontento frente a la administración pública de lajusticia y una también creciente desconfianza respecto a la eficaciadel Estado para garantizar la seguridad y los derechos de losciudadanos. En consecuencia, puede observarse una demanda cada vezmayor al sector privado de servicios que se supone son"incuestionablemente competencia del Estado". El recurso al arbitrajey el florecimiento de empresas privadas de seguridad serían dosejemplos significativos. Todo esto indica que es hora de cuestionar la presunción de que la seguridad ciudadana, el orden público y lajusticia (en todas sus formas: mercantil, civil e incluso penal) seanservicios cuya provisión sea competencia del Estado. Es lo que
