La institución de un Derecho procesal penal europeo, basado en unconjunto de garantías comunes y de mecanismos de cooperación judicial, pretende asegurar que los ciudadanos y los extranjeros que circulenen la Unión cuenten con un «estatuto procesal», equivalente ycomparable en los 28 Estados miembros, y elaborar una respuestaadecuada para enfrentarse a la circulación de la criminalidad. Sinembargo, la construcción de un sistema de justicia penal,caracterizado por un conjunto de estándares mínimos compartidos porlos Estados miembros de la UE es un proceso todavía in itinere, que se alimenta de las tendencias que caracterizan los distintos nivelesconstitucionales de protección de los derechos fundamentales (el nivel constitucional nacional, europeo e internacional). Por todo esto, enel presente trabajo se ha profundizado en las técnicas de armonización de los derechos del justiciable (CEDH y TEDH, Carta y TJUE,reconocimiento mutuo en materia penal y Directivas europeas sobre losderechos procesales), a fin de comprender su incidencia en laconstrucción de un espacio común de justicia y los límites.
