La regulación de las corridas de toros en España es, desde hace más de veinte años, un ejemplo más de ese binomio normativo que ha resultado del llamado Estado autonómico que diseñara la Constitución de 1978.Porque aunque exista en la materia una legislación estatalconsolidada, suficiente y para nada obsoleta (la Ley 10/1991 y, sobretodo, su Reglamento, aprobado por Real Decreto 145/1996), son variaslas Comunidades Autónomas que, en uso de sus competencias estatutarias sobre los espectáculos públicos, se han dotado de una legislacióntaurina propia. Y mientras que unas (Cantabria, Castilla-La Mancha,Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Madrid) se han limitado, como parece acertado y hasta lo más oportuno, a regular sus festejospopulares o tradicionales (igual ha hecho Cataluña, en paralelo a laprohibición allí de los toros), otras Comunidades (Navarra, PaísVasco, Aragón, Andalucía y Castilla y León) también han reglamentadolas propias corridas a celebrar en sus territorios, no sólo en cuantoa los trámites administrativos exigidos para organizarlas, losrequisitos de las plazas o los derechos de los espectadores, sinotambién en lo que se refiere a su misma interioridad, como el sorteode las reses, el desarrollo de los tercios o los trofeos para losdiestros.
Esta ", Legislación taurina estatal y autonómica ", contiene,pues, toda esta regulación específica de las corridas de toros,completada con otras disposiciones con incidencia en ellas, como son,por ejemplo, el Real Decreto 60/2001, sobre Prototipo Racial de laRaza Bovina de Lidia, o el Convenio Colectivo Nacional Taurino, que, a su manera, también en mucho las condiciona.
