Aunque no siempre ha sido así, hoy existe por doquier la arraigadaconvicción de que la producción y el mantenimiento del orden público y de la justicia son competencia exclusiva del Estado. No obstante,aunque la mayoría del estamento académico no cuestiona laargumentación en pro del dominio del Estado en este campo, hay amplios -y crecientes- sectores de la población que sí lo hacen. Se observaun creciente descontento frente a la administración pública de lajusticia y una también creciente desconfianza respecto a la eficaciadel Estado para garantizar la seguridad y los derechos de losciudadanos. En consecuencia, puede observarse una demanda cada vezmayor al sector privado de servicios que se supone sonincuestionablemente competencia del Estado . El recurso al arbitraje y el florecimiento de empresas privadas de seguridad serían dosejemplos significativos. Todo esto indica que es hora de cuestionar la presunción de que la seguridad ciudadana, el orden público y lajusticia (en todas sus formas: mercantil, civil e incluso penal) seanservicios cuya provisión sea competencia del Estado. Es lo que hacebrillantemente este libro, analizando un rico material histórico ysociológico especialmente norteamericano, pero fácilmente aplicabletambién a otras sociedades. ¿Por qué -se pregunta el autor- confiamoslas decisiones relativas a la satisfacción de nuestras necesidades más perentorias (como el alimento y el vestido) a sujetos individualesdel sector privado, que operan en un sistema de libre mercado, y porqué permitimos al Estado interferir y tratar de dominar el mismosistema que produciría, de forma eficaz y económica, el derecho y suaplicación? Se dirá que el mercado no es precisamente el terrenoadecuado para la creación y aplicación de la ley y la justicia. Elpresente libro demuestra que ésta es, por lo menos, una conclusiónprecipitada. Sirviéndose de la teoría económica, enriquecida con
