BERMUDEZ GONZALEZ, JORGE ARMANDO / GARCIA
La investigación de las actividades delictivas que se planifican ydesarrollan en el ciberespacio requiere, en muchas ocasiones, de lautilización a dicho fin de las propias herramientas tecnológicas. Lapotencialidad y las capacidades que ofrecen estas herramientas sonfrecuentemente el único medio que hace factible el descubrimiento dela acción criminal y la determinación de sus responsables y por tanto, el ejercicio en defensa de la sociedad de la acción sancionadora delEstado frente a esas ilícitas conductas. Se trata, no obstante, deinstrumentos y/o técnicas de investigación claramente invasivas quepueden afectar a derechos y libertades fundamentales de losciudadanos, por lo que es imprescindible que su utilización quedesupeditada, en todo caso, al respeto debido a dichos derechos ylibertades y a las garantías inherentes al Estado de Derecho. La leyOrgánica 13/2015 de 5 de octubre incorpora a la Ley de EnjuiciamientoCriminal la regulación detallada de una pluralidad de medidas deinvestigación tecnológica, en la que se conjugan ambos parámetros:reforzar la capacidad investigadora del Estado ante esta nueva formade delincuencia y garantizar los principios y valores que sustentannuestro ordenamiento jurídico. Con ese objetivo, el legislador harecogido y sistematizado la doctrina que venían estableciendo losTribunales nacionales e internacionales sobre muchas de las técnicasde investigación limitativas de derechos, como también -en unmeritorio esfuerzo de armonización normativa- algunas importantesherramientas que, con esa misma finalidad, se han definido endisposiciones normativas y convenios internacionales sobre la materia.
