Los servicios de asistencia jurídica gratuita se financian en laactualidad en España mediante una subvención estatal y por medio desubvenciones y compensaciones económicas de las Comunidades Autónomasque cuentan con competencia en materia de administración de justicia.Lógicamente, aquellas se consignan en los respectivos Presupuestos, de acuerdo con las prioridades que estos plasman, por tratarse devehículos de dirección y orientación de la política económica de losgobiernos central y autonómicos.Aprovechando las perspectivas de reforma del sistema de financiaciónde las Comunidades Autónomas que se abren en la nueva Legislatura,debería introducirse en su futura configuración la idea de que elservicio público de la asistencia jurídica gratuita, como antessucediera con la educación o la sanidad, requiere de una garantíaespecífica que le brinde suficiencia y sostenibilidad. Algo que, porotro lado, no sería sumamente costoso de mantener presupuestariamentefrente al elevado número de beneficiarios que ven reconocido suderecho de acceder a la justicia y no disponen de suficientes recursos para litigar.
