No cabe duda de que el problema de la defraudación tributaria nace enel mismo momento en que el Estado pretende imponer prestaciones decarácter coactivo al contribuyente como son los tributos.La realidad económica moderna se mueve a través de negocios jurídicostan múltiples y complejos, muchas veces alejados del causalismo, laespecificidad, y el formalismo propio de nuestro sistema tributario, y especialmente del sancionador, de tal forma que, en no pocasocasiones, el sistema se ve incapaz para encuadrar en su seno tanvariada forma de proyectar el derecho hacia estructuras que tienennormalmente un fin común: el ahorro fiscal. Subsumir estas conductas,propias de un mundo globalizado y muy sofisticado, dentro de nuestrosrígidos conceptos jurídico tributarios resulta a menudo una tareacompleja hasta para nuestros tribunales, que se enfrentan a escenarios de planificación fiscal que se ha adjetivado como agresiva o abusiva, frecuentemente basada en interpretaciones retorcidas de nuestrasnormas tributarias. Otros derechos, como el anglosajón, evolucionan de una forma más rápida y eficaz antes e
