El procedimiento sancionador desde que fue aprobada la Ley deProcedimiento Administrtivo de 1958, ha ido evolucionandopaulatinamente. Ya en su primera regulación no establecía principiosen que debían regirse estos procedimientos, sino que fue la Ley 30/92la que los incluyó por primera vez. Al mismo tiempo, al final de losaños 80 y principios de los 90 las diferentes Comunidades Autónomascomenzarón a aprobar sus leyes de protección animal, dentro de lascompetencias que tienen atribuidas en base a la Constitución Española, y evidentemente, cada una en base a sus criterios, existiendo grandes diferentes de unas autonomías a otras. Así las cosas, cada una deellas recoge un número de infracciones (lo que en una autonomía esinfracción leve en otra puede ser considerado grave por ejemplo)debido a la inexistencia de una Ley Marco estatal en la que seestablezcan unas bases mínimas y que a partir de la misma lascomunidades autónomas puedan mejorarla, al igual que las sanciones, en las que en algunas zonas están desfasadas. Pero lo más importante esla elaboración de los procedimientos sancionadores y sobre todo laimplicación de los ayuntamientos en la aplicación de la normativa,dado que la ausencia de políticas al respecto hace que la normativa de protección animal no se aplique en una gran mayoría de municipios.
