Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigacionespatrimoniales de los delitos que generan grandes cantidades debeneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene enineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, sidictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lohacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de losbienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos.Para intentar luchar contra esta situación los países han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que gozan de granapogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo decapitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institucióncomo el decomiso conforme a la cual el Estado va a actuar no sólocontra las personas de los condenados sino también contra suselementos patrimoniales. En esta monografía se analizan, en clave desistema penal, las bases conceptuales sobre las que se construye eldecomiso de bienes relacionados con actividades criminales y seestudia en detalle el complejo entramado sustantivo y procesal que hasido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello deforma crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto ellegislador nacional se ve obligado -o cuando menos influido- atrasponer prácticas e instrumentos jurídicos con origen en organismossupranacionales como las Naciones Unidas, la Organización de EstadosAmericanos, la Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómico, el Consejo de Europa o la Unión Europea.
