Es evidente que la institución arbitral ha evolucionado con el devenir del tiempo, acomodándose a una nueva economía globalizada querequiere de procesos ágiles y seguros, pero también lo es que desdesus precedentes romanos hasta ahora, los negocios genéticos de lainstitución no han variado en lo fundamental. De hecho, continúasiendo esencial para la validez del procedimiento arbitral y del laudo que se dictase, la existencia de un conjunto de consentimientos queles den origen y sin los cuales el arbitraje nace ya con un vicio ensu configuración que puede desembocar en su ineficacia. Ha sidorelativamente frecuente centrar el examen del aspecto negocial delarbitraje en el convenio arbitral, olvidando la existencia de otrostipos de acuerdos que se encuentran implícitamente en la institución y que constituyen, de igual modo, su base estructural. Probablementeeste hecho se deba a que la Ley de Arbitraje de 2003, también lasleyes anteriores, no hayan hecho mención a la existencia de uncontrato que vincula a las partes con el árbitro o árbitros encargados de solventar la contienda (el contrato de dación y recepción delarbitraje), como también al convenio que sujeta a la entidadadministradora del arbitraje y a las partes que la han seleccionado.En la esencia del encargo asumido por árbitros y entidadesadministradoras del arbitraje se halla una base contractual (negocial) que es la que determina la necesidad de la aceptación que la Ley deArbitraje exige, pues sin ella ni unos ni otras quedan sujetos alcumplimiento del cometido que se les encarga. Es objeto de estetrabajo el análisis de estos otros contratos, averiguar su naturalezajurídica para, con base en ella, determinar su contenido (derecho yobligaciones), así como las consecuencias del incumplimiento.
