La ignorancia del principio de libre competencia económica por laConstitución Española de 1978, por efecto de la consolidaciónhistórica de las técnicas de intervención pública en la economía, seproyecta en el artículo 128 que, sin reparar en las ComunidadesEuropeas, incorporó el monopolio como un título de intervenciónpública, e invalidó las previsiones constitucionales sobre los Órganos de Regulación Económica.El fortalecimiento del protagonismo social en la economía y laincorporación de España a la dinámica institucional de la UniónEuropea, requiere subsanar estas carencias institucionales y corregirel modelo gubernativo de intervención pública en la economía.Preciso es, en la necesaria reforma de la Constitución: explicitar elprincipio de libre competencia económica e incorporar los OrganismosReguladores como Comisionados Parlamentarios, en garantía de suindependencia en la regulación y supervisión económica, y en beneficio de los derechos ciudadanos y de sus expectativas de coherente gestión socioeconómica.
