Como es sabido, en los últimos tiempos el denominado alquilerturístico de viviendas de uso residencial (conocido también con otrasdenominaciones tales como arrendamiento vacacional, alojamiento porcortos períodos de tiempo, comercialización de estancias turísticasbreves en vivienda particular, "short term accommodation rental","locazioni brevi"à) ha experimentado un gran desarrollo no solo enEspaña y sus comunidades y ciudades más turísticas sino también enotros muchos países y ciudades emblemáticas (Amsterdam, Londres,Paris, Nueva York, à), desarrollo vinculado en buena medida a laaparición de grandes plataformas digitales especializadas. Sinembargo, y precisamente por ello, la regulación jurídica deldenominado alquiler turístico vacacional es hoy día un temaenormemente controvertido en el que las autoridades públicas (dedistinto nivel, estatales, regionales, municipales) están legislandode forma activa en un intento de definir las reglas del juego a lasque se debe de ajustar esta actividad económica en que, sin duda,consiste el alquiler vacacional, estableciendo exigencias, condiciones e incluso en ocasiones prohibiciones que afectan al acceso y alejercicio de esta actividad económica. En España, esta regulaciónlegal difiere en cada Comunidad Autónoma e incluso existen distintasregulaciones de ámbito municipal. Por ello, dedicamos fundamentalmente este estudio al análisis de las regulaciones autonómicas del alquiler turístico en el Derecho español, y, de forma particular, al estudiode las eventuales restricciones y prohibiciones legales, desde elpunto de vista del Derecho de la Competencia. Para ello tenemos encuenta no solo la posición de la Comisión Nacional de los Mercados yde la Competencia (que se ha pronunciado al respecto en distintosinformes) sino también los pronunciamientos de nuestros tribunalessobre la materia (en especial las recientes y clarificadorassentencias del Tribunal Supremo) y también las últimas tendenciasacadémicas respecto de las finalidad y objetivos del Derecho de laCompetencia en la actualidad. Se trata, básicamente, de determinar elcarácter justificado o no de las exigencias y restricciones legales,básicamente a la vista de la existencia de una "razón imperiosa deinterés general" que les sirva de fundamento, noción esta fundamentaly clave para la justificación de eventuales restricciones. Todo ellopartiendo de la premisa de la necesidad de conciliar los distintosintereses en juego en la regulación de esta actividad económica conmúltiples y diversas implicaciones.
