SANCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, INMACULADA
En esta obra su autora identifica y aplaude la nueva doctrinajurisprudencial que la Sala Primera del Tribunal Supremo parecedispuesta a abanderar a favor de que, también, los autónomos y lasPymes logren expulsar del clausulado predispuesto la cláusula suelo.Hasta el momento, el Tribunal Supremo ha dado la razón: (i) en 2018, a una mercantil sevillana, (ii) en 2019, a un matrimonio de peluquerosnavarros, a un mecánico madrileño, y a una mercantil toledana, (ii) en 2020 a una mercantil palense, a un matrimonio de taxistas madrileño y a un mecánico-taller cacereño y, (iv) en 2021, a la fecha del cierrede la revisión de pruebas de esta investigación, a unafarmacéutica-óptica gaditana que se subrogó en un préstamohipotecario. Hasta la fecha, son ya ocho los fallos favorables deentre los cuarenta y un casos analizados en esta obra pero su autorase muestra convencida de que, próximamente, verán la luz numerosassentencias mas. Considera un acierto, además, que el Tribunal Supremose esté (pre)ocupando de deslindar el contenido de los deberes deinformación precontractual que conforma el "control deincorporación/conocimiento" (recurso estrella para la contrataciónpredispuesta entre empresarios, B2B) del "control de transparenciamaterial/comprensión" (recurso estrella para la contrataciónpredispuesta con consumidores, B2C). También aplaude que algunosmagistrados del Tribunal Supremo se muestren dispuestos a interpretarel control de incorporación no como un control meramente formal ogramatical (como sigue haciendo cuando se enmascara el control detransparencia) sino como un control de "cognoscibilidad real ", através del cual se garantice el verdadero "conocimiento"/"incorporación" por parte del adherente sea o no consumidor (ex art 5.5. y 7 LCG).Preocupada, por el distinto trato que reciben, en la actualidad, losconsumidores frente a los empresarios y convencida de que estosúltimos representan el 99.9% del tejido empresarial de España proponerescatar la propuesta legislativa (fallida) de impulso a latransparencia para que el legislador eleve a rango legal latransparencia extendiéndola, también, a la contratación predispuestano sólo con los autónomos (tal y como hizo la LCCI) sino con losempresarios (Pymes).
